Otra vertiente de las políticas preventivas es la de disminución del
riesgo y reducción del daño (lo primero se aproxima más a la prevención y lo
segundo atañe más a la faceta asistencial). Dicha vertiente se traduce en programas y actividades dirigidos a:
- sectores de población consumidores de drogas;
- consumidores de heroína de larga duración;
- grupos de la población en riesgo de exclusión social o en situación de marginalidad;
- grupos de población con especial facilidad para el consumo de drogas (concentración de jóvenes en lugares de ocio, fiestas...).
Estamos ante actuaciones que han de llevarse a cabo en dos grandes ámbitos: el
social y el sanitario.
La reducción de la oferta es otra de las estrategias a seguir para la
reducción del consumo de sustancias. Aquí es preciso diferenciar el caso de las drogas legales (alcohol y tabaco) y medicamentos del de las drogas ilegales. En el primero, el énfasis ha de ponerse en la normativa sobre publicidad, venta y
consumo. En el segundo, en cambio, dicho énfasis recaerá en la actuación de entidades como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
la Fiscalía antidroga o los servicios de Vigilancia aduanera, así como en la efectuada sobre el proceso de producción
de drogas, su distribución mayorista y minorista, y el blanqueo del dinero procedente del narcotráfico.
Por último, ha de mencionarse la importancia de la formación de los profesionales implicados desde diversos ámbitos (salud pública y sanidad, servicios sociales, comunicación, justicia, comunidad educativa, centros penitenciarios, seguridad del Estado...).
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social (2009), Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016, Madrid: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
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